Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las empresas que trasladan combustible para abastecer su propia maquinaria, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a las autoridades federales la creación de un permiso especial y criterios técnicos que permitan distinguir a las compañías que operan dentro de la ley de quienes participan en el robo de hidrocarburos.
El legislador señaló que actualmente miles de empresas de sectores como la construcción, el campo, la minería y la industria enfrentan incertidumbre jurídica al transportar diésel destinado exclusivamente al funcionamiento de su maquinaria, debido a la falta de una regulación específica.
“Combatir el huachicol es una obligación del Estado. Pero perseguir a quienes compran combustible legalmente para alimentar una excavadora, un tractor o una máquina industrial no fortalece la seguridad; únicamente castiga la productividad”.
La propuesta plantea que la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente emitan criterios técnicos simplificados para otorgar un permiso especial a las empresas que trasladan entre 30 y 5 mil litros de combustible exclusivamente para autoconsumo operativo.
Torres Cofiño explicó que la iniciativa surge a partir de las inquietudes expresadas por organismos empresariales y productivos de La Laguna, quienes han solicitado reglas claras que les permitan desarrollar sus actividades sin afectar la estrategia nacional de combate al robo de combustibles.
El diputado advirtió que el vacío regulatorio actual propicia interpretaciones discrecionales durante las inspecciones, lo que puede derivar en la inmovilización de vehículos, suspensión de obras, multas millonarias e incluso procesos penales contra empresas que únicamente transportan combustible adquirido legalmente para consumo propio.
“La ley debe perseguir a quien roba combustible, no a quien lo compra legalmente para producir. Hoy existe un vacío regulatorio que termina perjudicando precisamente a quienes generan inversión, empleo y desarrollo”.
Además del permiso especial, el Punto de Acuerdo propone establecer criterios uniformes para las inspecciones y definir con claridad la diferencia entre quienes comercializan combustibles y quienes únicamente los trasladan para abastecer su maquinaria, con el fin de evitar detenciones arbitrarias y afectaciones económicas.
Marcelo Torres adelantó que esta propuesta forma parte de una estrategia legislativa más amplia y anunció que en las próximas semanas presentará una iniciativa de reforma a la legislación federal para incorporar estas garantías de manera permanente.
“Escuchamos a quienes producen, invierten y generan empleo. La ley debe darles certeza, no miedo. Vamos a seguir impulsando las reformas necesarias para que combatir el crimen nunca signifique obstaculizar a quienes hacen crecer a México”.